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El pasado 11 de agosto fui invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM-RD) para compartir sobre la experiencia del uso de las tecnologías en el Poder Judicial a raíz de la pandemia Covid19.

Con el mismo interés comparto las palabras para su lectura.

 

Los sistemas implementados para la emergencia y los aprendizajes sobre ellos, a partir de nuestros aciertos, pero también de nuestros errores, nos permiten mirar con optimismo el futuro de la justicia dominicana. El uso de la tecnología tiene ventajas contundentes. Aumenta la transparencia, amplia las posibilidades de seguimiento y de gestión, incrementa el dinamismo de las áreas y tareas, permite acceso y trabajo simultáneo, eficientiza las gestiones. El proceso electrónico, desde el ingreso hasta que el ciudadano recibe, pasando por la firma digital, es más seguro y eficiente. Implica un rastro electrónico de todas las interacciones y una considerable reducción en los tiempos de análisis y trabajos hacia la decisión. Esas y otras ventajas no son propaganda, no son lecturas técnicas aisladas, lo hemos visto y vivido en primera persona las juezas, jueces, servidores y usuarios del sistema de justicia (que a fin de cuentas son los grandes beneficiarios).

En los últimos años dimos pasos fundamentales hacia la transformación del sistema de justicia, dotando a los operadores de equipos, herramientas y conocimientos necesarios para la eficiencia aprovechando las tecnologías. La mayoría de esas políticas mejoran nuestro trabajo, el servicio y son ganancia para la institución y el país.

Tuvimos que afrontar la difícil tarea de adaptación de once (11) departamentos judiciales. Ese gran trabajo de toda la familia del Poder Judicial merece ser reconocido. En una primera fase, se mantuvieron servicios mínimos para luego adaptar, de manera escalonada, la estructura de 662 tribunales.

Hoy la justicia digital tiene un camino recorrido y demostró que es posible mejorar las formas de hacer nuestro trabajo y facilitar la vida de abogadas y abogados. Pero, sobre todo, impactar en la eficiencia del servicio que debemos a la ciudadanía, que espera que sea diligente, confiable y eficiente.

Con todos los tribunales operando, totalmente abiertos en la presencialidad, el acceso virtual es una ventaja a la que debe tener derecho la sociedad dominicana.

Para el futuro trabajamos en ampliar y mejorar los servicios de justicia que ya brindamos. Poniendo el foco en las necesidades de los actuantes en justicia y la ciudadanía. Esto implica continuar expandiendo los sistemas tecnológicos y plataformas de servicio tanto en línea como presencial.

El Registro Inmobiliario, en su transformación digital, ha dado pasos en la profesionalización del personal, el lanzamiento de nuevos servicios digitales para facilitar la debida diligencia del trámite inmobiliario y la simplificación de requisitos.

Las medidas implementadas potencian servicios en línea y presenciales, solicitudes secretariales, fijación de audiencias, juramentación de abogados y estadísticas, reunidos en el denominado Servicio Judicial. No se trata de plataformas y aplicaciones, sino del cambio cultural. Las implementaciones no son leyes, no son tecnología: son una cultura de trabajo. No hay reglas que puedan determinar que el trabajo es más efectivo de una forma determinada. La reconfiguración hacia la eficiencia y la operación racionalizada del servicio de justicia conllevó que los colaboradores nos apropiáramos del uso intensivo de tecnología, teletrabajo y una nueva forma de comunicarnos. Al ir comprendiendo cómo convivir con la pandemia algunos se resisten y pretenden volver a lo anterior, sin comprender que ya esos elementos son ganancia y son parte de nuestra cultura de trabajo y del sistema. Son precisamente esos aprendizajes y destrezas obtenidas los que no tienen retorno y constituyen la transformación de la justicia dominicana.

Recuerdo una anécdota que en una hora difícil contara Winston Churchill ante el Parlamento. Era la historia de un marinero que había salvado a un niño de ahogarse. A los pocos días la madre del niño lo encuentra y le dice en vez de agradecer: “Al fin le encuentro. ¿Sabe usted dónde está la gorra de mi hijo?”. Hay gente que no comprende lo que sucedió con el mundo y en el Poder Judicial, no importa. La historia no se detiene, el progreso continúa. La eficiencia que el sistema de justicia necesita y la sociedad demanda, está siendo una realidad.

Es normal lo que sucede hoy. A la dificultad le siguen nuevos retos, siempre. Nos crecemos en las situaciones adversas. Y debemos tener conciencia de que las personas nos resistimos a los cambios. Lo natural es que pensemos que son riesgo y nos pueden afectar de modo negativo.

Pero las diferencias sobre la virtualidad tienen punto de llegada en reformas legales. Se trata de convencer, no vencer. Hace falta construir sentido conjunto, concertar (con la sociedad completa) el tipo de justicia que estamos construyendo. Debemos acordar la actualización de un marco jurídico para la agenda digital.

En lo que al Poder Judicial compete: cada obstáculo se corresponde con una mejora. En lo grande y en lo pequeño, este proceso debe y va a repensarse como sistema. Nada avanza hacia atrás. Si ayer necesitábamos adaptarnos a un marco mental diferente, hoy necesitamos uno radicalmente diferente. El mundo se mueve rápidamente y lo arcaico irá perdiendo legitimidad. Por eso es tan importante ceder y dar apertura a las nuevas formas de hacer y pensar.

El proceso en la Suprema Corte de Justicia, que antes era tedioso y complicado, por la necesidad de que cada expediente tuviera que pasar por cada despacho, hoy fluye de forma mucho más eficiente. El tiempo que se esperaba para ser estudiada, luego deliberada, y para ser firmada una decisión, era demasiado. El alto tribunal se convirtió en la punta de lanza de la transformación del sistema. Las magistradas y magistrados han logrado que el año pasado la Suprema Corte cumpliera su objetivo de despachar más expedientes de los que recibe. El coeficiente de solución es positivo. Según datos de la Secretaría General, entre junio de 2019 y diciembre de 2020 ingresaron 8,304 recursos. En ese periodo la Suprema Corte de Justicia falló 11,637 casos. Hasta junio de este año se habían resuelto de manera definitiva 3,800 casos. La virtualidad y el trabajo remoto, que fueron integrados a las gestiones internas, permitieron mayor eficiencia operativa, ahorro de papel y recursos.

Respetamos las decisiones jurisdiccionales legítimamente adoptadas por los tribunales de la república, es nuestro compromiso con el Estado de Derecho. Sin embargo, no debe caber duda, vamos a dotar al sistema y República Dominicana de una justicia oportuna, inclusiva, accesible y confiable. Hemos demostrado que se puede y vamos a lograr que el Poder Judicial cuente con una estructura que permita que la sociedad dominicana tenga la justicia que merece.

Es hora de que miremos al reto que tenemos delante como parte de un conjunto. Adaptarse al mundo que vivimos, a sus tiempos y prisas, a sus necesidades de respuesta, no puede ni va a ser resultado de voluntades aisladas. Estoy seguro de que es posible un servicio de justicia que provea decisiones de calidad y ajustadas al Derecho, con oportunidad. Que satisfaga las demandas de acceso y probidad a todas y todos y ponga a las ciudadanas y ciudadanos en el centro. Quiero terminar con un verso de Pablo Milanés que dice: “Cada paso anterior deja una huella/ que lejos de borrarse se incorpora”.

Miremos con optimismo el futuro de la justicia dominicana. Construyámoslo juntos.

En nombre de la República les deseo salud y Justicia.

Muchas gracias.

 

 

Con el objetivo de intercambiar experiencias para integrar la transformación digital, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) y el Poder Judicial organizaron un encuentro virtual para socializar buenas prácticas en el tema y establecer un plan de colaboración y trabajo en conjunto.

En el encuentro se presentaron propuestas para establecer mecanismos de integración e innovación tecnológica en los trabajos que desarrolla el Poder Judicial, así como también la identificación de mejores prácticas a nivel regional, que presentó un organismo financiero regional multilateral.

Roberto Herrera, presidente de AMCHAMDR, aseguró que el sistema judicial dominicano ha tenido avances significativos en la implementación de la virtualidad y la adopción de herramientas tecnológicas, especialmente tras el impacto de la pandemia, sin embargo, resaltó que faltan muchos retos por superar.

En ese sentido, enfatizó que desde AMCHAMDR apoyarán la transformación institucional del Poder Judicial por entender que la República Dominicana precisa contar con una justicia eficiente para aumentar la seguridad jurídica, garantizar el Estado de Derecho y atraer la confianza de inversionistas que deseen inyectar sus capitales y establecer negocios en el país.

Mientras que el presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ), magistrado Luis Henry Molina Peña, habló sobre los avances y desafíos de la transformación digital en la Justicia dominicana.

“No se trata de plataformas y aplicaciones, sino del cambio cultural. Las implementaciones no son leyes, no son tecnología: son una cultura de trabajo. No hay reglas que puedan determinar que el trabajo es más efectivo de una forma determinada. La reconfiguración hacia la eficiencia y la operación racionalizada del servicio de justicia conllevó que los colaboradores nos apropiáramos del uso intensivo de tecnología, teletrabajo y una nueva forma de comunicarnos”, señaló Molina Peña.

Uno de los beneficios que ha producido el proceso de transformación en el Poder Judicial ha sido la ampliación de los canales de acceso a los servicios, a través de la vía presencial y virtual.

También, la magistrada Bionni Zayas Ledesma, quien es integrante del CPJ y presidenta de la Comisión Ejecutiva de Tecnología, destacó el antes y después que ha tenido el Poder Judicial después de que se han implementado las transformaciones tecnológicas en el sistema de justicia.

El encuentro contó con la presencia de miembros del Consejo del Poder Judicial, jueces y juezas de diversos departamentos judiciales, así como funcionarios e integrantes del equipo técnico de directores del PJ.

De la Cámara Americana de Comercio participaron además William Malamud, vicepresidente ejecutivo; María Waleska Álvarez y María Esther Fernández, presidentas de los Comités TIC y Legal, respectivamente; Vivian Peña Izquierdo, Giselle Contín, Coral Holguín, Jóribe Castillo, Marcos Peña, Juan Antonio Núñez y Nicholas Izquierdo.

Esta reunión se produce en seguimiento a acercamientos previos que hicieron la Cámara Americana de Comercio y representantes del Poder Judicial, tras la presentación del magistrado presidente Luis Henry Molina en el AMCHAMDR Encounter sobre “Transformación de la Justicia: Avances y retos”.

Posteriormente se produjo un intercambio de impresiones entre miembros de los Comités Legal y TIC de AMCHAMDR con representantes de la Suprema Corte de Justicia. Ambas instituciones exploraron durante el encuentro las oportunidades de colaboración recíproca en materia de transformación digital, fomentando la prestación de servicios judiciales virtuales accesibles.

 

NOTICIAS

REFLEXION

 

 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), magistrado Luis Henry Molina Peña, participó en la III Edición del Congreso Internacional de Estrategia Legal (CIEL-2021), con una ponencia sobre la transformación y la tecnología en el sistema de justicia dominicano.

El evento, que también contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona y quien habló de la transformación digital del Estado, busca generar propuestas sobre métodos y herramientas de análisis sobre la tecnología y el derecho en el contexto global actual.

Durante su intervención, el juez presidente Molina Peña describió como concibe el que será el abogado del futuro. “Es necesario poner en perspectiva la profesión y el futuro de la educación jurídica, sobre todo en lo relativo al avance del Derecho hacia la simplificación y su adaptación a los tiempos y formas de intercambio del mundo de hoy”, indicó Molina Peña.

Agregó que: “Hay ventajas sistemáticas que abren espacio a que la gestión de asuntos ante la justicia se convierta en una forma de solucionar conflictos, en vez de prolongarlos en el tiempo, aumentando costos y generando impacto negativo en la sociedad. Las destrezas que desarrollen los profesionales del Derecho deben ser garantía de esas ventajas de la justicia virtual”.

Además, el magistrado destacó el impacto que ha tenido el sistema judicial durante la pandemia.

“El alto tribunal se ha convertido en la punta de lanza de la transformación del sistema. Las magistradas y magistrados han logrado que el año pasado la Suprema Corte cumpliera su objetivo de despachar más expedientes de los que recibe”, indicó el presidente de la SCJ.

El magistrado presidente también explicó que las transformaciones en el Poder Judicial han potenciado los servicios en línea y presenciales, solicitudes secretariales, fijación de audiencias, juramentación de abogados y estadísticas, reunidos en el denominado Servicio Judicial.

“No se trata de plataformas y aplicaciones, sino del cambio cultural, la reconfiguración hacia la eficiencia y la operación racionalizada del servicio de justicia. Son precisamente esos aprendizajes y destrezas obtenidas las que constituyen la transformación”, señaló.

Sobre la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), Molina Peña expuso que esta desarrolló los programas “Yo me Apunto a la Virtualidad” y “Servicio Judicial Virtual para Abogados”, que incluyen facilidades para obtener medios tecnológicos de acceso y capacitación.

“Más de 1,600 abogadas y abogados matriculados en todo el país al día de hoy. El año pasado, entre jueces, abogados, integrantes del Ministerio Público y de la Defensa Pública, la ENJ pudo capacitar y sensibilizar a un total de 14,944 personas. Estos programas continuarán potenciando el acceso al Servicio Judicial”, dijo.

Referente al Registro Inmobiliario (RI), el magistrado presidente destacó que la República Dominicana se encamina a lograr un sistema de registro inmobiliario a la altura de las demandas internacionales y locales: sustentados en una estructura ágil, transparente, moderna, digital, autosostenible y accesible para aumentar la seguridad jurídica del país.

“El Registro Inmobiliario, en su transformación digital, ha dado pasos en la profesionalización del personal, el lanzamiento de nuevos servicios digitales para facilitar la debida diligencia del trámite inmobiliario y la simplificación de requisitos. Tanto en Registro de Títulos como Mensuras Catastrales se continúan fortaleciendo las áreas, mejorando la calidad y el plazo de la respuesta, agilizando procesos y reduciendo tareas”, puntualizó Molina Peña.

La III Edición del Congreso Internacional de Estrategia Legal también reunió a docentes, expertos y juristas nacionales e internacionales que expusieron sobre las innovaciones en materia de derecho.

Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Luis Henry Molina Peña

Santo Domingo.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Luis Henry Molina Peña, consideró que se debe rectificar el sistema de justicia desde el punto de vista cultural.

“No se trata de plataformas y aplicaciones, sino del cambio cultural, la reconfiguración hacia la eficiencia y la operación racionalizada del servicio de justicia. Son precisamente esos aprendizajes y destrezas obtenidas las que constituyen la transformación”, señaló.

De igual forma, el magistrado se refirió a que hay ventajas “sistemáticas” que abren espacio a que la gestión de asuntos ante la justicia se convierta en una forma de solucionar conflictos, sostuvo que “en vez de prolongarlos en el tiempo, aumentando costos y generando impacto negativo en la sociedad. Las destrezas que desarrollen los profesionales del Derecho deben ser garantía de esas ventajas de la justicia virtual”.

El jurista se refirió además, al profesional del derecho afirmando que se debe poner en perspectiva esta profesión, así como su enseñanza, para adaptarla a los nuevos tiempos.

Sobre la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), Molina Peña expuso que esta desarrolló los programas “Yo me Apunto a la Virtualidad” y “Servicio Judicial Virtual para Abogados”, que incluyen facilidades para obtener medios tecnológicos de acceso y capacitación.

“Más de 1,600 abogadas y abogados matriculados en todo el país al día de hoy. El año pasado, entre jueces, abogados, integrantes del Ministerio Público y de la Defensa Pública, la ENJ pudo capacitar y sensibilizar a un total de 14,944 personas. Estos programas continuarán potenciando el acceso al Servicio Judicial”, dijo.

 

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El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, participó en la III Edición del Congreso Internacional de Estrategia Legal (CIEL-2021), con una ponencia sobre la transformación y la tecnología en el sistema de justicia dominicano.

Durante su intervención, Molina describió cómo concibe el que será el abogado del futuro: “Es necesario poner en perspectiva la profesión y el futuro de la educación jurídica, sobre todo en lo relativo al avance del derecho hacia la simplificación y su adaptación a los tiempos y formas de intercambio del mundo de hoy”.

Además, el magistrado destacó el impacto que ha tenido el sistema judicial durante la pandemia. “El alto tribunal se ha convertido en la punta de lanza de la transformación del sistema. Las magistradas y magistrados han logrado que el año pasado la Suprema Corte cumpliera su objetivo de despachar más expedientes de los que recibe”, indicó el presidente de la SCJ, según cita una nota de prensa.

El también presidente del Consejo del Poder Judicial explicó que las transformaciones en el Poder Judicial potenciaron los servicios en línea y presenciales, solicitudes secretariales, fijación de audiencias, juramentación de abogados y estadísticas, reunidos en el denominado servicio judicial.

“No se trata de plataformas y aplicaciones, sino del cambio cultural, la reconfiguración hacia la eficiencia y la operación racionalizada del servicio de justicia. Son precisamente esos aprendizajes y destrezas obtenidas las que constituyen la transformación”, señaló.

Sobre la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), Molina expuso que esta desarrolló los programas “Yo me apunto a la virtualidad” y “Servicio judicial virtual para abogados”, que incluyen facilidades para obtener medios tecnológicos de acceso y capacitación.

 

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